En carta al MinHacienda, el Fiscal oficializó su propuesta para combatir la minería ilegal.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez.  Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En una carta enviada al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le manifestó oficialmente la necesidad de que el Banco de la República tenga el monopolio de la compra de oro en el país para evitar que este mineral se siga moviendo a través de la ilegalidad.

Desde el 2015, asegura Martínez, la Fiscalía ha judicializado a cuatro comercializadoras internacionales de oro y a más de 50 proveedores nacionales que, en total, habrían hecho operaciones de lavado de activos por 10,6 billones de pesos.

Esta situación, dice el Fiscal, hace que sea necesario asumir una posición conjunta como Estado para prevenir la riqueza ilícita de particulares que se enriquecen a través de la minería ilícita, cuyos efectos van desde las afectaciones al medioambiente hasta el financiamiento de grupos ilegales. 

En su carta, el Fiscal General asegura que el órgano acusador ha puesto en evidencia la verdadera dimensión de la minería ilegal de oro en el país. Según la Fiscalía, esa minería afecta al medioambiente, implica la comercialización del mineral extraído a través de empresas fachada, así como la comercialización internacional de oro que ha generado incentivos económicos para la criminalidad, y una intensificación del lavado de activos.

El Fiscal recordó que esta semana se lograron dos resultados: el primero, una investigación que reveló la forma en la que venía operando la Comercializadora Internacional Metales Hermanos y un grupo de proveedores ficticios de oro, a través de la cual compraban, vendían y exportaban tonelada de oro.

En esas transacciones se usaba a empresas fachada, incluso, se usó ilegalmente la identidad de varios miembros de una comunidad indígena en el Guainía. Esa red criminal permitió el lavado de más de 1,9 billones de pesos entre el 2009 y 2014. 

El segundo caso, que se dio a conocer la semana pasada, involucra a la Comercializadora internacional CIJ Gutiérrez y a varios de sus proveedores. Al investigar 10 años de su operación comercial, el ente acusador encontró que por lo menos en ese periodo esa firma hizo compras ficticias de oro y movimientos con empresas inexistentes, así como con personas fallecidas. En su caso, el lavado de activos fue por 2,1 billones de pesos.